Los juzgados se han convertido en el nuevo campo de batalla político español. Después de que cayeran el fiscal general del Estado y el hermano del presidente, ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, debe sentarse en el banquillo acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La coincidencia de estos tres procesos judiciales en poco más de un año, tal y como adelanta eldiario.es, ha avivado las sospechas sobre si existe un plan preconcebido detrás de ellos.

La escalada judicial contra el entorno de Sánchez

La progresión de los casos contra la familia y allegados del presidente sigue un patrón que no ha pasado desapercibido para los observadores políticos. Primero fue el fiscal general del Estado, acusado de un delito de revelación de secretos nunca probado. Después llegó la condena a David Sánchez, hermano del presidente, como cooperador en un delito de prevaricación. Ahora, cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han avalado el auto del juez Peinado que obliga a enjuiciar a la esposa del jefe del Ejecutivo ante un jurado popular.

Esta secuencia de decisiones judiciales ha sido anticipada públicamente por sectores políticos, mediáticos y judiciales desde hace meses, antes incluso de que los jueces redactaran los autos iniciales o abrieran las diligencias correspondientes. Los espacios televisivos, las tertulias radiofónicas y los círculos de poder madrileño ya hablaban de este calendario como si fuera un guion escrito.

¿Coincidencia fortuita o estrategia organizada?

La concentración temporal de estos tres procesos ha disparado las dudas en amplios sectores de la opinión pública. ¿Es realista pensar que tres miembros del entorno presidencial se enfrentan simultáneamente a sendas investigaciones judiciales sin que medie coordinación alguna? La pregunta vuela de un lado a otro de la política española sin encontrar respuestas tranquilizadoras.

Lo que resulta evidente es que esta estrategia—sea deliberada o fortuita—está generando consecuencias políticas inversas a las que sus promotores podrían esperar. La derecha, que ha capitalizado estas decisiones judiciales como munición electoral, ve cómo Alberto Feijóo no suma votos con cada sentencia, sino que los pierde en beneficio de formaciones como Vox. La polarización extrema del tablero político español no favorece a quien esperaba que lo hiciera.

¿Qué significa esto para la justicia española?

El riesgo más grave de este escenario no es electoral, sino institucional. Cuando los juzgados se convierten en arena política y cuando los calendarios judiciales se alinean con los intereses de las derechas política, mediática, policial y judicial, la independencia de la justicia queda cuestionada. No importa si existe un plan explícito o si son meras coincidencias: el daño a la credibilidad de las instituciones es ya una realidad.

Begoña Gómez tendrá ahora derecho a un juicio justo ante un jurado popular. Pero la pregunta que flota sobre el sistema judicial español es si ese juicio podrá celebrarse en las condiciones de imparcialidad que todo acusado merece.