La máquina de sancionar por velocidad de la Dirección General de Tráfico ha alcanzado cotas nunca vistas: 250 millones de euros en recaudación durante el último año, según informa abc.es. Un cifra astronómica que tiene poco que ver con una supuesta ola de conductores indisciplinados y mucho con la activación estratégica de nuevos radares de alta eficiencia distribuidos por toda la geografía española.

El imperio del radar: cuando cinco dispositivos dominan el país

La concentración del poder sancionador es casi obscena. De los más de 1.000 cinemómetros desplegados por España, apenas 50 radares acumulan 1.342.285 denuncias, lo que equivale a casi la mitad del impacto económico total generado por multas de velocidad. El mensaje es claro: la DGT ha encontrado sus minas de oro.

El ranking de los cinco más activos dibuja un mapa revelador:

• A-7, kilómetro 326 (Valencia, La Canyada): El campeón indiscutible con 90.766 denuncias en un solo año.
• CV-905, kilómetro 7 (Alicante): 72.557 multas en segunda posición.
• A-15, kilómetro 127 (Navarra): 67.445 denuncias, en ascenso respecto a las 60.878 del ejercicio anterior.
• TF-2 (Santa Cruz de Tenerife): El fenómeno inesperado, que pasó de 1.358 multas a 49.641 sanciones —una explosión del 3.550%.
• A-7, kilómetro 968 (Málaga): 45.050 denuncias, en descenso desde las 67.502 del año anterior.

La Comunitat Valenciana es el epicentro del mapa sancionador español, acaparando dos de los tres primeros puestos. Una realidad que ha reabierto el debate sobre las verdaderas motivaciones de este despliegue de tecnología.

El radar de Tenerife: el crecimiento que genera suspicacias

El dispositivo canario es un caso de manual. Pasó de ser prácticamente testimonial en 2024 a dispararse hasta casi 50.000 sanciones anuales. ¿Qué cambió? Por ahora, no ha trascendido una explicación oficial convincente. Lo que sí es evidente es que este patrón reproduce una tendencia general: la DGT activa cinemómetros donde sabe que funcionarán mejor económicamente, no necesariamente donde se previenen más accidentes graves.

La paradoja peligrosa: autopistas vigiladas, carreteras secundarias olvidadas

Aquí está el quid de la cuestión. La inmensa mayoría de las denuncias se registran en autopistas y autovías de alta capacidad, donde los accidentes mortales son relativamente escasos. Mientras tanto, el 70% de los siniestros con víctimas fatales ocurren en carreteras secundarias, que permanecen prácticamente desprotegidas de vigilancia electrónica.

La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que ha elaborado este informe, cuestiona abiertamente la efectividad preventiva de un modelo que prioriza claramente la recaudación sobre la seguridad vial. Una pregunta incómoda que la DGT aún no ha respondido de manera satisfactoria.

Un panorama en movimiento

No todos los radares siguen la tendencia alcista. La M-40 madrileña bajó de 74.873 a 43.500 denuncias, y el de Málaga también retrocedió. Estos cambios sugieren que el despliegue no responde a un plan fijo, sino a ajustes tácticos según resultados económicos.

Mientras los conductores españoles navegan por una red vial cada vez más densamente vigilada, la pregunta fundamental persiste: ¿estamos ante un sistema de seguridad o ante una máquina de recaudación disfrazada de prevención? Las cifras hablan por sí solas, pero las respuestas siguen brillando por su ausencia.