La Justicia ha impuesto la misma pena a dos condenados por delitos tan distintos que revelan un abismo en el trato judicial: nueve años de inhabilitación tanto para quien enchufó a 104 personas en una institución pública como para quien cooperó en cambiar el nombre de una plaza. La comparación expone las inconsistencias en las condenas por corrupción administrativa.

Dos casos, una misma condena

José Luis Baltar, expresidente de la Deputación de Ourense por el PP entre 1990 y 2012, fue condenado por colocar a 104 personas próximas a cargos del partido en puestos públicos de la institución. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, recibió idéntica pena por cooperar en una prevaricación consistente en modificar la denominación de su plaza de trabajo. Según informa eldiario.es, la diferencia entre ambas conductas es tan sustancial que cuestiona la proporcionalidad de las decisiones judiciales.

En el caso de Baltar, la sentencia confirmó indicios sólidos de tráfico de influencias masivo. La Audiencia Provincial de Badajoz, en cambio, ha dejado constancia de que no tiene prueba alguna de que David Sánchez cometiera tráfico de influencias para acceder a su puesto, pese a reconocer que la plaza se había creado específicamente para él.

El enchufismo que erosiona la confianza pública

La sentencia contra David Sánchez admite un hecho incómodo: el delito de tráfico de influencias estaría prescrito. Por ello, la condena se sustenta únicamente en su cooperación en los trámites administrativos para el cambio de denominación de su plaza, un cambio que ni siquiera comportó un aumento de sueldo.

El tribunal badajocense fue categórico en su diagnóstico: "El enchufismo es una lacra para la administración pública" y genera la percepción ciudadana de que el acceso a determinados puestos no se produce en igualdad de condiciones, erosionando la confianza en las instituciones. Sin embargo, esa declaración de principios no se tradujo en una condena proporcional a la magnitud del delito atribuido.

Un patrón de impunidad en Ourense

Los hechos de Baltar fueron más evidentes. Las 104 personas enchufadas fueron absueltas en sentencia —ninguna fue condenada— aunque aceptaron empleos a sabiendas del trato de favor. Los estimadores del fenómeno, como los autores del libro Os Baltar. A senda do caciquismo na democracia plena, elevan esa cifra de enchufes al menos a mil personas. Entre los casos más llamativos figuraba la contratación de 33 porteros en 2009 para un centro cultural que solo tenía dos accesos.

La jueza que condenó a Baltar llegó a escribir en su sentencia: "Parece que la Deputación era una empresa privada". Su hijo Manuel, nombrado sucesor de Baltar al frente del PP ourensano, esquivó entonces la imputación por enchufismo. Años después saldría indemne de una acusación por ofrecer trabajo a cambio de favores sexuales. Solo una condena por exceso de velocidad —fue cazado por un radar a 215 kilómetros por hora— le obligó a renunciar a la Deputación, aunque logró convertirse en senador por designación autonómica. Hoy sigue en el cargo.

¿Qué pasará ahora?

David Sánchez dispone de diez días para interponer un recurso que, según eldiario.es, podría desmontar la acusación de prevaricación. Las dos sentencias quedan ahora como testimonio de cómo la justicia española ha castigado con idéntica dureza conductas profundamente desiguales: el enchufismo sistémico de un expresidente provincial y la cooperación administrativa en el cambio de denominación de un puesto.

La pregunta incómoda permanece sin respuesta: ¿cómo puede justificarse que ambos delitos merezcan la misma pena?