La justicia catalana ha condenado a ocho activistas independentistas por sabotear un acto académico sobre la lengua castellana en 2018, en una sentencia que abre un nuevo frente en la batalla judicial sobre amnistía y libertades fundamentales.

Condenas dispares por impedir un homenaje a Cervantes

La sección penal del juzgado de instancia de Barcelona ha dictado sentencia contra ocho de los dieciocho activistas procesados por intentar boicotear un acto de Societat Civil Catalana (SCC) celebrado en mayo de 2018 en la Universitat de Barcelona, según informa eldiario.es.

Las penas no son uniformes. El tribunal ha impuesto dos años de cárcel a dos de los condenados, seis meses de prisión a otros dos y ha castigado a los cuatro restantes únicamente con multa. Los diez procesados restantes han sido absueltos. La acusación inicial pedía dos años y medio de cárcel y 6.500 euros de multa para cada uno de los dieciocho.

El delito por el que han sido condenados es contra las libertades fundamentales, concretamente por coacciones e impedir el ejercicio de derechos mediante intimidación. La fiscalía aplicó a todos los acusados el agravante de discriminación ideológica.

El acto interrumpido: un homenaje a Cervantes como punto de fricción

Los hechos se remontan a primavera de 2018. Societat Civil Catalana había organizado un acto en el edificio histórico de la Universitat de Barcelona para rendir homenaje a Miguel de Cervantes y defender la lengua castellana. Un grupo de manifestantes independentistas irrumpió en el evento con pancartas e impidió que continuara.

Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y la negativa del rectorado de la UB a permitir la entrada de los Mossos d'Esquadra, la institución vio obligada a suspender el acto. Según consta en las actuaciones, no hubo heridos ni daños materiales graves que constar en los informes de la policía o de la propia universidad.

La amnistía rechazada y la contradicción legal

Los procesados solicitaron la aplicación de la amnistía aprobada en 2024, pero el magistrado ha denegado la petición con un argumento que ha encendido las críticas: según la resolución judicial, el acto de SCC no era independentista, sino contra la lengua castellana, por lo que no entraría en el ámbito de aplicación de la norma de perdón.

La defensa, representada por el colectivo Alerta Solidària, ha señalado la paradoja: se les deniega la amnistía al considerar que el acto no guardaba relación con la independencia, pero simultáneamente se les condena con el agravante de discriminación ideológica. Los CDR han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Nacional pidiendo que se les aplique la amnistía tras el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Un caso en la encrucijada de la polarización política

Esta sentencia refleja la complejidad judicial que envuelve los actos de protesta de los últimos años en Cataluña. La querella que originó el proceso fue presentada conjuntamente por la fiscalía y por Societat Civil Catalana, una entidad que se ha posicionado históricamente contra el independentismo.

La condena mantiene la tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión y reunión, cuestiones que seguirán siendo objeto de debate mientras los recursos avancen en los juzgados.